Los profesores jubilados de las universidades, además de merecer el reconocimiento por su dedicación durante años, a formar jóvenes profesionales competentes y a enriquecer el acervo cultural y científico de nuestro país, también debe reconocerse que han sido un factor esencial para impedir el colapso generalizado de las universidades venezolanas. Siempre dispuestos a aportar su esfuerzo y experiencia en todas las instancias académicas donde han sido requeridos. La grave crisis financiera provocada por la asignación de recursos insuficientes por parte del Estado y las deficiencias de la propia universidad para generar ingresos económicos suficientes que compensen este déficit, han provocado la grave crisis actual del sistema universitario público en Venezuela. Durante años, este había adquirido importantes fortalezas y alcanzado ubicaciones destacadas en los sistemas de evaluación internacional. Este grave déficit económico, en un país predominantemente importador de equipos requeridos para la investigación, ha afectado todas las áreas pero ha sido devastador en las disciplinas relacionadas con la salud, biología e ingeniería. Durante los 40 años de gobierno socialdemócrata y socialcristiano, la universidad estuvo en varias ocasiones confrontaciones políticas importantes pero tuvo un crecimiento sostenido y alcanzó niveles de excelencia en la docencia e investigación. Además, disfrutó de algunos privilegios importantes para facilitar su actividad académica, tales como la exoneración de aranceles para importar equipos de investigación y obtención libre y suficiente de divisas para pagar estudios de postgrado e investigación de los profesores en las universidades extranjeras. Todo el desarrollo alcanzado por la Universidad se detuvo a partir de la llegada de los socialistas chavistas al gobierno. Prefirieron enfatizar lo político y exigir a la universidad incondicionalidad, como condición para poder asignarle los recursos requeridos para su desempeño académico. Ante la negativa de la universidad de adscribirse incondicionalmente a su voluntad, el gobierno optó por desarrollar un sistema universitario paralelo, sin contar con la infraestructura, organización y recursos humanos capacitados e idóneos. Prefirió utilizar solamente a los pocos profesores que simpatizaban con ellos e importar recursos de otros países, como Cuba, antes que los disponibles en las universidades venezolanas, formados durante muchos años y a costa de un gran costo económico de la nación.
A esta grave situación de déficit para adquirir los insumos y equipos necesarios para la actividad académica, se sumó el grave problema del salario de los profesores y de los trabajadores universitarios en general. El poder adquisitivo del mismo se deterioró a tal extremo, que un profesor universitario en Venezuela, no dispone de recursos suficientes para pagar el transporte y una comida durante su estadía en su sitio de trabajo. Los sueldos actuales varían entre 5 a 20 $ al mes.
